Golpe al bolsillo: Familias nicaragüenses denuncian «impagables» recibos de energía eléctrica

Una ola de indignación recorre diversos sectores de la capital y los departamentos del país ante lo que los usuarios califican como un incremento desmedido y arbitrario en las facturas de energía eléctrica. Habitantes del barrio Acahualinca, en el Distrito Dos de Managua, han alzado su voz de protesta tras recibir facturas con montos que triplican o incluso sextuplican su consumo habitual.

Uno de los casos más alarmantes reportados en este populoso sector es el de una jefa de hogar cuya factura pasó repentinamente de 500 córdobas a más de 3,000, un monto que resulta inalcanzable para la economía familiar promedio. La afectada aseguró que en su vivienda no cuentan con equipos de alto consumo, como aires acondicionados o sistemas de refrigeración industrial, que justifiquen semejante alteración en el cobro.

Inconformidad a nivel nacional Esta problemática no es exclusiva de la capital. Denuncias similares han surgido en todos los departamentos de Nicaragua, donde las familias reportan que sus recibos, que usualmente oscilaban entre los 400 y 600 córdobas, ahora superan los 2,000 y 3,000 córdobas. Los usuarios coinciden en un punto crítico: no han incrementado el uso de sus aparatos eléctricos ni han adquirido nuevos equipos que expliquen el alza.

Este incremento en los servicios básicos ocurre en un contexto económico sumamente frágil para el país. Las familias ya enfrentan un elevado costo de la vida, donde productos básicos de la dieta nicaragüense han sufrido variaciones de precio significativas, llegando al punto en que resulta más barato consumir pollo que queso. Con un tipo de cambio oficial que se sitúa en los C$ 36.6243 por dólar, el pago de una factura de 3,000 córdobas representa un porcentaje asfixiante del salario mínimo nacional.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes y la empresa distribuidora de energía no han brindado una explicación técnica detallada sobre estos cobros excesivos, mientras la población exige una revisión inmediata de los medidores y de la política tarifaria que amenaza con dejar a oscuras a miles de hogares por falta de pago.