Tras fuertes presiones el dictador Ortega cancela tarifa arbitraria en Aeropuerto

Todavía los ciudadanos nicaragüenses no se organizan para exigir quitar aumento del 6% a tarifa energética recién aprobada

La Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional (EAAI) informó ayer jueves a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) que fue cancelada la tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga.

“Por este medio, se les informa que la aplicación de la tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga, queda suspendida a partir de la fecha. Cabe mencionar que si bien se había informado que el cobro por esta tarifa sería aplicado a partir del 25 de abril del 2019, la misma no se llevó a efecto (nunca se cobró)”, detalla la misiva firmada por la gerente administrativa comercial de la EAAI, Flavia Mendoza.

El pasado 24 de abril, la dictadura había informado a los exportadores que les iba a cobrar cinco centavos de dólar por cada kilogramo que fuera importado o exportado por la vía aérea, a partir del 25 de abril por inspección de seguridad aeroportuaria de carga.

Entonces el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) hicieron fuertes presiones a que se trataba de un cobro “arbitrario” y que afectaría “aún más la competitividad del sector exportador y empresarial”.

Los empresarios dijeron que pagan el servicio de inspección de seguridad aeroportuaria de carga desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros.

Además, las organizaciones gremiales, que son lideradas por el Cosep argumentaron que esa nueva tarifa dejaría al borde del cierre a las empresas del sector exportador, como la española Agro España Nicaragua (Agroesnica), que anunció que estaba analizando irse del país; y de hacerlo dejaría en el desempleo a miles de personas y causaría hasta US$50 millones de pérdidas en las ventas al exterior.

En lo que va del año, el régimen sandinista ha tomado varias medidas económicas que han sido rechazadas por el sector privado del país, como la reforma al seguro social, que entró en vigencia en enero; la reforma tributaria, que entró en vigencia en febrero; ese cobro que canceló ayer jueves, entre otros.