Tierras del Country Club donde fueron desalojados simpatizantes del FSLN son de Payo Ortega, afirma fuente

El reciente desalojo que la policía hizo en una inmensa propiedad cercana a Sabana Grande y a la pista que va al Country Club no forma parte de las más de 7,000 manzanas de tierra que UPANIC ha dicho que han sido tomadas, y que pertenecen a propietarios diversos. La propiedad de donde fueron desalojados seguidores del partido rojo y negro pertenece a Rafael Ortega Murillo, hijastro del Comandante Ortega e hijo de la vice-mandataria Rosario Murillo, según una fuente que ha pedido no divulgar su nombre.

Originalmente, esas tierras fueron otorgadas por la Revolución a familias pobres que se habían organizado en cooperativas, pero estos se vieron obligados a malvenderlas. El comprador en aquel momento fue William Castillo Clinton, un nica-gringo, que en tiempos del mandatario Enrique Bolaños fue nombrado Cónsul.

Castillo Clinton se ve obligado a vender la propiedad a Félix Antonio Hernández López, quien ha sido señalado por muchas personas, en diversas publicaciones periodísticas, de ser el principal testaferro de Rafael “Payo” Ortega.

Félix Hernández ha sido denunciado como el principal traficante de permisos de importación, entre los comerciantes del Mercado Oriental, ese negocio le ha permitido tener en un tiempo muy corto una agencia aduanera, un almacén fiscal y muchísimas propiedades.

Hernández tiene oficinas en el Mercado Oriental, cerca de RopaUSAme, en el barrio Los Ángeles y en el camino viejo a Santo Domingo, de Galerías 200 mts al sur.

Nuestra fuente asegura que el valor presente de la propiedad mencionada es de varios millones de dólares y por eso fue asumida la decisión de desalojarla. Solo así se explica la brutalidad de la actuación de la policía que derribó las casas de las familias que se habían asentado en la propiedad.
Pero para entender en su verdadera dimensión este asunto es necesario que se conozca cuál fue el punto de partida o la motivación política que da origen a que sandinistas tomen tierras en Nicaragua.

El país estaba sublevado. Tranques en las principales vías de comunicación, universidades tomadas, cacerolazos, derribamientos de los chayopalos, represión, asesinatos y crímenes brutales en casi todas las ciudades.
Ya había caído Alvarito Conrado, en Bluefields Ángel Gahona había sido silenciado a tiros y los discursos de la vice-mandataria eran gasolina permanente que avivaba las protestas.

En medio de todo esto, nos narra nuestra fuente, el Gobierno del FSLN formó una comisión para evaluar la crisis. Estaba integrada por un General activo de los órganos de inteligencia del Ejército de Nicaragua y por militantes como el Coronel en retiro Lenín Cerna Juárez, el Comisionado en retiro Róger Ramírez y Vicente Isabel Chávez, quien es uno de los Contralores de la República.

Al “perro Chávez” que es como se le dice al Contralor y al Comisionado Ramírez les fue dada la tarea de coordinar con otros grupos de trabajo las directrices de la Comisión. Los otros grupos de trabajo estaban integrados por el Comandante Edén Pastora, el General en retiro Glauco Robelo y el ex Alcalde de León Manuel Calderon entre otros.

La misión principal de la Comisión era identificar a los líderes de la sublevación, desmontar los tranques, quitar las barricadas y volver a la “normalidad” al país a cualquier costo.

Los integrantes de la comisión se dieron a la tarea de reclutar a militantes históricos, exalcaldes, ex combatientes del SMP (ex-cachorros) y ex militares del EPS y Ministerio del Interior, para que defendieran la causa del Comandante Ortega.

Uno de los principales acuerdos negociados entre el Comandante Ortega y Lenín Cerna fue que Ortega cedería cargos principalmente de la Corte Suprema de Justicia para que allegados a Cerna pudieran retomar parte del control de ese Poder del Estado. Se asumió el compromiso de otorgarles cargos públicos, empleo, medios de trabajo y tierras. Pactado el pago fue relativamente fácil la conformación de armados encapuchados, que a bordo de las camionetas “Hilux”, asesinarían a estudiantes y pobladores y desalojarían las Universidades y quitarían las barricadas.

Según nuestra fuente, Ortega dio la orden a los Secretarios Políticos y a la Policía de facilitar la toma de tierras de propiedades privadas. Uno de los requisitos básicos para poder optar a tierras, fue que los “beneficiarios” presentaran a los Secretarios Políticos un documento denominado “Negativa de Bienes”, que lo otorga el Registro Público. A partir de ahí y del grado de lealtad demostrada a los líderes, en la participación a marchas gubernamentales y acciones de desmantelamiento de tranques, se les otorgó el “derecho a la tierra”.

Consultados algunos de los desalojados, que nos pidieron no revelar sus identidades, indican que esa acción en contra de ellos “es un incumplimiento de los acuerdos establecidos y una traición a la gente que se comprometió en la lucha contra los golpistas y que está causado perjuicio a todos los que apoyamos al comandante”.

Nuestra fuente nos informa que “hay quienes creen que haberle cedido las camionetas y el armamento a ese ejército de parapoliciales fue un error, ya que tienen los medios técnicos para ejercer presión en las demandas que ahora exigen, aunque se quisieran cubrir esas demandas por parte del gobierno, no existen las posibilidades reales para hacerlo, se les ha dicho claramente”.

En el caso del ex secretario de organización Coronel Lenín Cerna y el grupo que lo acompaña, el distanciamiento, la desconfianza y el resentimiento es notorio. Ojalá no desencadene una crisis dentro de las filas del partido, continúo diciendo nuestra fuente.

Convencidos los gobernantes que el país vive en la “normalidad”, han virado al viejo modelo, donde “Fidel Moreno sigue siendo el principal operador y la Señora es la que manda” aseveró nuestra fuente.