Ortega: ¿Gobernante legítimo o ilegítimo?

Por Humberto Belli Pereira
Un ingrediente esencial para la existencia y aceptación de todo gobierno es que sea legítimo; es decir, que antes los ojos de la ley y del pueblo tenga derecho para dirigir la nación. ¿Es el caso de Ortega? Para contestarlo veamos cuáles son los factores que otorgan legitimidad a un gobernante.

El primero es que el pueblo lo desee como mandatario. Esto es así por el principio de la soberanía popular; todo poder viene del pueblo. Para esto se instituyen elecciones periódicas, libres y competitivas. Aquí Ortega tiene en su contra haber sido electo por un Consejo Electoral, autor de varios fraudes, en comicios donde se privó de personería jurídica a la principal fuerza opositora, lo que resultó en una abstención sin precedentes. Que el pueblo no lo acepta lo evidencian las encuestas recientes y marchas de la oposición, tan multitudinarias, que hacen palidecer a las forzadas del gobierno. Si Ortega pensara que es popular no dudaría en adelantar las elecciones.

La segunda fuente de legitimidad es que el mandatario cumpla y haga cumplir la constitución y las leyes. Es su obligación más sagrada. Por eso en las tomas de posesión se le hace jurar que lo hará. Un presidente legítimo no puede estar encima de la legalidad. Aquí Ortega tiene en su contra haber violado reiteradamente al menos 25 artículos de la constitución. A falta de espacio seis de ellos:

EL 36: “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.” Los artículos 33 y 189 que establecen garantías procesales penales ignoradas, entre ellas el recurso a la exhibición personal—negado a Medardo— a no ser arrestado sin orden judicial, y a que los juicios sean públicos. El 129, que establece la inexistente independencia de los poderes del estado. El 29, que establece la libertad de conciencia y que “nadie puede ser coaccionado a declarar su ideología o credo”—precepto violado cuando castiga con despidos a los empleados públicos que no apoyan al gobierno. El 95: “no pueden existir más cuerpos armados que los establecidos por la ley” (ejército y policía), contradicho por los paramilitares.

La tercera fuente de legitimidad es que el gobernante proteja los derechos básicos de los ciudadanos, razón de ser de toda autoridad. La declaración de independencia de Estados Unidos lo expresa en forma inigualable: “Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…” ¿Ha protegido Ortega estos derechos? Ante los organismos de derechos humanos más prestigiosos, él es su peor violador en Latinoamérica incluyendo delitos de lesa humanidad.

No reflejar la voluntad popular, no respetar la constitución y no proteger los derechos de sus ciudadanos, descalifican a Ortega como gobernante legítimo de los nicaragüenses y lo convierten en un usurpador, culpable además de serios delitos. En estricta justicia debería ser desaforado, juzgado y condenado. No puede, por tanto, exigir la obediencia de nadie, incluyendo las fuerzas armadas, mientras todos si tienen el derecho y deber de rebelársele “para instituir un nuevo gobierno”.