ONU exige a dictadura sandinista no más detenciones y desarmar a parapoliciales

Ginebra. La Organización de Naciones Unidas (ONU) se volvió a pronunciar este jueves sobre la crisis en Nicaragua. Mediante un comunicado firmado por once expertos en derechos humanos, el organismo exigió al régimen de Daniel Ortega desmovilizar a los grupos paramilitares y frenar las detenciones selectivas de manifestantes.

«Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes», señaló el texto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

«Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país», indicaron los expertos.

El organismo internacional sostiene que «las voces críticas hacia el Gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos».

«Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos (…) También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma», denunciaron los expertos de la ONU.

El comunicado fue firmado por 11 especialistas, entre ellos: Michel Forst (situación de los defensores de los derechos humanos); Clément Nyaletsossi Voulé (sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación); David Kaye (sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión); y Agnès Callamard (sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias).