Nacionalización de DNP es robo al Estado de Nicaragua y se presta a lavado de dinero denuncian opositores

Para la diputada liberal Azucena Castillo la ley que “nacionaliza” los inventarios de la empresa sancionada por los Estados Unidos a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP) “se presta para un lavado”, porque cualquier gestión que se realice “contamina a quien las compra”, en este caso “la contaminación pasaría al Ministerio de Energía y Minas.

La nacionalización de DNP, que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo “es un robo al Estado” de Nicaragua manifestó por su parte el ex diputado Eliseo Núñez.

La denominada “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense”, que fue presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no aclara el monto que pagará al Estado a DNP, fue la advertencia de Núñez.

Eso quiere decir, agregó, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán establecer el precio sin seguir los parámetros de expropiación que tiene la Ley de Hidrocarburos.

“En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva Ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, alertó.