Jueza del FSLN amenaza con dar otro golpe a libertad de prensa en complejo judicial de Diriamba
|La jueza del FSLN, María Auxiliadora Chavarría, titular del Juzgado Local Penal de Diriamba, amenazó ayer jueves al periodista Mynor García, corresponsal de Carazo del diario LA PRENSA, y a la vez le prohíbe el ingreso al complejo judicial si se mantiene escribiendo en sus notas el término Policía Orteguista al referirse a la institución que a cara de todo mundo está resguardando el poder de la dictadura Ortega Murillo.
García explicó que antes de recibir la advertencia de parte de la judicial tuvo problemas para ingresar al local a cubrir una audiencia de un caso de accidente de tránsito, que ocurrió el pasado primero de octubre, donde murió un menor de edad y otro resultó lesionado.
“Primeramente me dijo el guarda de seguridad que los medios de comunicación que ya estaban (adentro) eran los que iban a permanecer en la sala donde se realizó la audiencia. Minutos más tarde uno de los secretarios de ese mismo juzgado me mandó a decir que podía ingresar a la sala de juicio”, denunció García.
El periodista dijo que se quedó en la entrada de la sala por la cantidad de personas que habían en la misma y al terminar la audiencia, y en presencia de todos, la juez le hizo la burda amenaza. “Ella me hizo el llamado de que la Policía Nacional no se llama Policía Orteguista y que si yo volvía a escribir en mis notas Policía Orteguista que ella no me iba a permitir el ingreso a los juzgados”, contó. “Yo le respondí que hiciera lo que ella estimaba conveniente”, agregó.
Sandinismo obstruye labor periodística
El corresponsal de LA PRENSA denunció que en el Distrito Penal de Audiencias, Especializado en Violencia, se le ha rechazado en varias ocasiones su ingreso. “No en todas las audiencias o juicios te permiten estar, aún cuando se tratan de delitos comunes”, sostuvo.
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Aproximadamente hace 13 días, dijo, la juez Carol Urbina no le permitió el ingreso a una audiencia en la que se encontraban medios oficialistas y en la que, aseguró, no se exponía la integridad de ningún menor. “Desde el año pasado, en algunos casos nos ha cerrado las puertas y al personal de seguridad se le orienta que no nos deje entrar”, afirmó.
“Entiendo esas medidas (la restricción de ingreso) cuando se pone en riesgo la integridad física o moral de un menor o cuando se trata de un delito de violación o de abuso sexual, pero no de un delito común, como por ejemplo de droga, robo, crimen organizado, entre otros”, dijo.
Con respecto a la Policía, al reportero no se le permite el ingreso a las conferencias que la institución desarrolla.