Indígenas miskitos en grave situación de violencia y discriminación por dictadura sandinista

La denuncia fue interpuesta por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Caribe Norte (CEJUDHCAN) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

El día de ayer jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó de primera mano la grave situación de violencia y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas miskitos en Nicaragua y supervisó el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas al Estado en el año 2016.

El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Caribe Norte (CEJUDHCAN) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las comunidades, denunciamos el riesgo que se ha generado a partir de la invasión de tierras por parte de personas no indígenas y la falta de saneamiento territorial en la Costa Caribe Norte nicaragüense. Desde el año 2015 se han contabilizado un total de 12 asesinatos, 9 secuestros, 19 agresiones con lesiones graves, 2 violaciones sexuales y 6 amenazas a integrantes de las comunidades beneficiarias.
Ante esta situación, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la Corte IDH otorgó medidas provisionales a siete comunidades indígenas: Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo, Francia Sirpi, Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa.

Entre otras cosas, la Corte IDH ordenó al Estado adoptar acciones destinadas a erradicar la violencia, proteger y garantizar el respeto a la vida, la integridad personal y territorial, y la identidad cultural, así como establecer una instancia u órgano interdisciplinario, que cuente con la participación de los beneficiarios, para diagnosticar las fuentes del conflicto y proponer posibles vías de solución al mismo, todo lo anterior tomando en cuenta la perspectiva indígena y de género.

Si bien, durante la audiencia, el Estado señaló que ya creó la instancia interdisciplinaria ordenada por la Corte, los representantes señalamos que no teníamos conocimiento de la misma y que esta no cuenta con nuestra participación ni la de las comunidades beneficiarias. Frente a esto, la Corte resaltó la importancia de la participación de los beneficiarios y sus representantes en la implementación de todas las medidas ordenadas.

Durante la audiencia, Irma Kebral, habitante de la comunidad de Esperanza Río Coco, dio su estimonio ante el Alto Tribunal interamericano. Ella expresó que “muchas personas se fueron a Honduras y otros lugares y no han regresado por el temor que existe”. En este sentido, alrededor de tres mil personas se han visto forzadas a desplazarse de sus comunidades a raíz de la violencia. Sumado a lo anterior, las poblaciones enfrentan una crisis alimentaria al no tener acceso a sus parcelas de tierra para sembrar lo que consumen.

Por su parte, la Corte escuchó sobre la situación de Lottie Cunningham y José Coleman, quienes acompañan a los pueblos indígenas en sus reivindicaciones y han visto incrementado su riesgo debido a la crisis social y política que enfrenta el país. Aunque ellos cuentan con medidas desde agosto de 2018, denunciaron que nunca han sido contactados para acordar su implementación.

En consecuencia, la Corte solicitó que las partes se reunieran aprovechando su presencia en el Tribunal; sin embargo, el Estado respondió negativamente indicando que la reunión podría llevarse a cabo en Nicaragua e ignorando así la urgencia de avanzar con la implementación de las medidas.

Asimismo, el alto tribunal interamericano consultó al Estado sobre la posibilidad de realizar una visita in situ a la Costa Caribe Norte de Nicaragua para revisar el cumplimiento de las medidas. Los y las representantes del Estado respondieron que informarán su decisión por escrito.

Ante este contexto, desde CEJIL y CEJUDHCAN, hacemos un llamado al Estado nicaragüense para que se comprometa con la implementación efectiva de las medidas ordenadas y se avance en la protección de los derechos de las comunidades afectadas. Asimismo, consideramos urgente que la Corte IDH visite el área y constate la grave situación de riesgo y de violencia que enfrentan las comunidades y que tal visita pueda incidir ante las autoridades locales para avanzar en el cumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal.

El Estado de Nicaragua tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad personal y territorial, y la identidad cultural de los pueblos indígenas miskistos de la Costa Caribe Norte del país. Estas comunidades no pueden esperar más.