CIDH degrada a categoría “B” a la PDDH del gobierno de Nicaragua y exige liberación de presos políticos

Urge que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los presos políticos, dice alta representante dela CIDH

«Urge que el gobierno de Nicaragua cumpla los acuerdos a los que ha llegado, como forma de salvar un diálogo que está estancado», volvió a repetir la comisionada para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, quien también demanda la liberación de más de 700 presos políticos y la restauración del derecho a la libre expresión y a la manifestación ciudadana, que fue prohibida por la policía sandinista el año pasado.

Pregunta de un periodista: Ha transcurrido un año de crisis y el panorama es incierto, con cientos de asesinatos no investigados, centenares de presos, decenas de miles de exiliados y un país bajo un virtual estado de sitio. ¿Cómo valora esta situación desde el punto de vista de los derechos humanos?

Urrejola: Esta es sin duda una de las más graves crisis de derechos humanos en el continente en los últimos años. A partir de las protestas sociales se ha dado una represión sistemática implementada por el Estado de Nicaragua con consecuencias gravísimas para centenares de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes: personas asesinadas, detenidas, exiliadas, despedidas de sus trabajos, expulsadas de la universidad en la que estudiaban, asediadas y vigiladas en sus barrios, tanto por la Policía como por redes partidarias oficialistas.

Esta situación es adicionalmente grave porque ha sido posible debido al control total del aparato público por parte del gobierno y la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

De este modo, cuando una persona sufre abusos y violación de sus derechos, no puede recurrir a ningún órgano del Estado. Hasta ahora, por ejemplo, no hay registro de un solo proceso de investigación abierto por las cientos de personas asesinadas, según las denuncias, a manos de la Policía o de fuerzas parapoliciales leales al gobierno. La CIDH hizo un seguimiento exhaustivo de las detenciones de manifestantes en el contexto de la crisis y no tuvo registro de un solo recurso de habeas corpus exitoso, que haya permitido la liberación de personas detenidas ilegalmente.

No hay hasta ahora ni una sola denuncia por brutalidad policial, por detenciones ilegales, por violaciones al debido proceso o por ejecuciones extrajudiciales por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. De hecho, esa institución acaba de ser degradada a la categoría «B», que es como se califica a las instituciones estatales de derechos humanos cuando no cumplen con los estándares llamados «principios de París» en base a su independencia, defensa y promoción de los derechos humanos.