Alianza Cívica y UNAB denuncian 18 asesinatos de opositores en 7 días

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional y la Unidad Azul y Blanco (UNAB) informaron que en la semana que corresponde del 14 al 21 de julio, hubo «99 denuncias de violaciones de Derechos Humanos, incluyendo 18 asesinatos violentos a personas vinculadas a las protestas sociales».

Esto se divide en 18 amenazas a autoconvocados, 19 agresiones físicas y de otra índole, dos heridos, 42 detenidos y 18 asesinados lo que se llega a un total de 99 violaciones a los derechos ciudadanos.

«Desde que inició el 2019, este ha sido el mes con mayor número de asesinatos producto de la represión», denuncia el Boletín de Monitoreo de las dos organizaciones.

«Estos asesinatos o ejecuciones selectivas muestran la tendencia de persecución a activistas de la protesta cívica por parte de parapolicías, inclusive en zonas fronterizas vecinas donde los activistas se han refugiado. Sus cadáveres son arrojados en descampados y baldíos», agrega el reporte.

Denuncian que «la Policía Nacional continúa con allanamientos ilegales a viviendas de reales o supuestos activistas, en los que se dieron dos asesinatos en la ciudad de León y uno en Managua. El incidente más frecuente es el de los secuestros. Éstos se ensañan particularmente contra excarcelados, y con mucha frecuencia repiten la modalidad de secuestrarlos por unas cuantas horas, golpearlos y soltarlos. Aunque las detenciones y secuestros han disminuido, todavía muestran un alarmante promedio de seis incidentes por día».

Agrega el informe que «desde el 5 de julio 2018 que se lleva este registro, se han dado 2,721 de estos incidentes, para un promedio de 7 por día, en 460 días de protesta cívica. También se observan represiones en territorios de pueblos indígenas en la Costa Caribe, así como agresión a campesinos, y amenazas a los trabajadores del Estado de atender el llamado de movilización».

La Alianza Cívica y UNAB se mantienen reclamando «los dos acuerdos firmados en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica. Sobre los presos políticos, su excarcelación no vino acompañada de garantías jurídicas”.

Señala el reporte que “es igual de preocupante la carencia de libertad de prensa, aún no se ha devuelto los bienes y propiedad confiscados a los medios de comunicación, tampoco se cuenta con condiciones para el retorno de los exiliados, entre otras realidades. En este caso la DGA, DGI, INSS, OAF, Telcor, entre otras instituciones han violado los procesos y protocolos correspondientes formando de esta manera parte del aparato represivo del régimen».