Alianza Cívica llama a los exiliados no ingresar a Nicaragua ante falta de garantías

En redes sociales proponen que Rafael Solís sea uno de los primeros en regresar a Nicaragua tras anuncio de la dictadura sandinista

La Alianza Cívica por la Justicia de la Democracia (ACJD) hizo una contundente respuesta al comunicado emitido el pasado lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y asegura que la dictadura sandinista no ha brindado las garantías de seguridad para que los exiliados nicaragüenses logren retornar al país.

El régimen anunció la “aprobación e implementación” de un programa de retorno “voluntario asistido de los Nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, pero dicho programa no tiene la aprobación de la Alianza Cívica, afirmó José Pallais, representante de la ACJD.

A través de un comunicado, el Gobierno hizo ver que el pasado 10 de abril fue presentada a la ACJD este programa de “retorno voluntario” pero dicha propuesta “no logró el consenso por objeciones” de la Alianza Cívica, de acuerdo a la dictadura sandinista.

En su comunicado de ayer lunes el Ejecutivo confirma que dicho programa “cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes solicitarán la cooperación de la Comunidad Internacional”, pero Pallais indica que la OIM no puede ofrecer garantías de seguridad.

“Sin la presencia de un garante internacional nadie puede asegurar que las causas que provocaron la salida de nicaragüenses, como los hostigamientos, amenazas y violencia, no puedan repetirse, la OIM lo único que facilita es el retorno, pero no es su función, ni tiene los mecanismos necesarios, para brindar protección y defensa en el país a los exiliados que hayan decidido regresar”, aseguró Pallais.

En los últimos meses de crisis en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha recibido diversas denuncias de familiares de personas que estaban exiliadas y que fueron capturadas por la Policía cuando regresaban a Nicaragua ante las pésimas condiciones que enfrentaban en otros países.

“La Alianza expresó que no podía hacerse corresponsable (de esta propuesta gubernamental) ya que los nicaragüenses en el exterior podían regresar y sin esa protección, que la Alianza exige, pueden sufrir las consecuencias de hostigamiento, agresiones, amenazas, cárcel, persecución y que nadie iba a exponerse sin la garantía apropiada, que solo la puede dar un garante internacional especializado en defensa de los derechos humanos”, añadió Pallais.