A casi 2 semanas de excarcelación de presos políticos y dictadura sandinista no anula procesos judiciales
|Abogada de los “presos políticos” Yonarqui Martínez denuncia que el dictador Daniel Ortega no ha quitado los procesos judiciales contra los excarcelados
Tras más de 14 días que han pasado desde que comenzó su vigencia la polémica ‘Ley de Amnistía’ del dictador Daniel Ortega y que dice cerrar los procesos penales de los presos políticos, sin embargo los procesos, ninguno ha sido anulado y los juicios políticos mantienen su rumbo.
La denuncia la hizo la conocida como “abogada de los presos políticos”, doctora en leyes Yonarqui Martínez, quien integra parte del equipo Defensores del Pueblo que ejercen la representación legal de los civiles víctimas con procesos viciados.
“Sentencias absolutorias ninguna hasta ahora. Exijo se me aclare el estado legal (de los liberados bajo amnistía) hasta ahora en silencio. Mandan a firmar donde no hay orden. Que desorden legal, señores del Poder Judicial trabajen por favor, es hora de que estos jóvenes estudien”, criticó Martínez.
La ‘Ley de Amnistía’ que el régimen decidió aprobar para beneficiar de manera abierta a sus paramilitares, establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias al momento de entrada en vigencia de la presente ley”.
Se sabe que al menos existen tres casos en los que los juicios fueron reprogramados y no anulados como ordena la Ley de Amnistía orteguista. Esto coincide que la denuncia que hizo una fuente que prefirió el anonimato informó que el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, ordenó a los jueces penales que “los casos de los azul y blanco están suspendidos por orden de arriba, no están cerrados”, recuerda el portal Mesa Redonda.
Esta violación a los acuerdos y de su propia ley, se suma al reclamo de liberación de los más de 80 presos políticos que el régimen no quiere reconocer mucho menos liberar.