Mujer de 26 años enfrenta acusación por violencia doméstica contra ciudadano estadounidense

Managua – Una mujer de 26 años enfrenta una acusación por violencia doméstica o intrafamiliar en perjuicio de un ciudadano estadounidense de 64 años, con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años y procreó un hijo.

La acusada es Elizabeth Aracely Franks Davis, señalada por el Ministerio Público de protagonizar varios episodios de agresión física y verbal contra John Michael Quinn.

El caso más reciente ocurrió la madrugada del 16 de mayo de 2026, cuando, según la acusación, Franks Davis llegó a la vivienda del hombre bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer ingresó al inmueble, comenzó a insultar a Quinn y lanzó objetos al suelo. Posteriormente habría tomado una varilla de hierro y, cuando el hombre intentó grabarla y le pidió que abandonara la propiedad, ella presuntamente lo golpeó dos veces en las manos con la varilla.

La acusación también recoge otros hechos. Uno de ellos habría ocurrido el 24 de noviembre de 2025, cuando Quinn intervino en una discusión entre Franks Davis y su padre. En ese momento, la joven supuestamente se abalanzó contra el hombre y lo golpeó en el pecho, ocasionando que cayera.

Un episodio anterior se remonta a agosto de 2017. Según el Ministerio Público, durante una discusión, Franks Davis habría sujetado a Quinn por el cuello. Aunque posteriormente pusieron fin a la relación, ambos continuaron residiendo en la misma propiedad, ubicada en la comarca San Antonio Sur, Distrito Cinco de Managua.

La Fiscalía sostiene que los constantes conflictos y agresiones habrían provocado afectaciones emocionales en Quinn, quien presentó síntomas de ansiedad. Por estos hechos, Franks Davis fue acusada por violencia doméstica o intrafamiliar con resultado de lesión psicológica leve.

Como parte de las medidas impuestas, la acusada tiene prohibido salir del país y acudir a bares o discotecas. El juez Alex Martínez programó el juicio para el 25 de agosto.

Además, el judicial solicitó al Ministerio de la Familia realizar un estudio social para determinar las condiciones de convivencia más adecuadas para el menor de edad que ambos procrearon.