50 mil córdobas paga sujeto para que asesinaran a su hermana y sobrino en Chontales

La cifra de 50 mil córdobas es lo que ofreció Rito Emilio Martínez para que sujetos asesinaran a su hermana y a su sobrino. La suma de dinero era «buena» para los 3 delincuentes terminaran con la vida de Sebastiana Eliceth López Martínez y dejó a su hijo Enyel Leiva López herido de bala. Todo fue para que Rito Emilio se quedara con las propiedades.

A comienzos de agosto, Rito entregó un revólver calibre 38 y el dinero pactado a Arlen Antonio Robleto. Robleto buscó cómplices y reclutó a Lorenzo Calero Gudiel y a su hijo Adrián Antonio Calero Castellón. Entre los cuatro habían creado una emboscada que se ejecutó la noche del 5 de septiembre en la comunidad Llano de los Pedros, municipio de San Pedro de Lóvago, Chontales.

Estos llegan a la casa poco después de las siete. A Enyel fue a quien encontraron primero. Le exigieron dinero y él respondió que no tenía más que su teléfono. Le arrebataron el celular, lo ataron de manos con un mecate y lo dejaron boca abajo para que no pidiera auxilio. Mientras tanto, Robleto y Lorenzo entraron a la sala donde se encontraba Sebastiana, junto a dos de sus nietas de once y siete años.

La obligaron a ponerse de rodillas. Querían «billete»; ella dijo que no contaba con efectivo. Robleto la encañonó, la llevó a una habitación y le disparó en el pecho. El cuerpo de Sebastiana quedó tendido en la casa que habitaba. Al salir, Robleto se acerca a Enyel, le dijo que le esperaba el mismo destino que a su madre y le disparó en la nuca. Creyendo que lo habían rematado, ambos atacantes salen huyendo.

Enyel logró sobrevivir. Su testimonio, las pruebas colectadas por la policía y las indagaciones periciales sirvieron para identificar a los autores y al autor intelectual. El Ministerio Público acusó a Arlen Antonio Robleto, a Lorenzo Calero Gudiel y a Adrián Antonio Calero Castellón como coautores directos de asesinato agravado, y a Rito Emilio Martínez como autor intelectual del asesinato agravado y parricidio frustrado.

Además de los cargos tras el asesinato, los cuatro enfrentan acusaciones por robo con violencia y por tenencia ilegal de armas. La juez Mileydi Edith Morales Sequeira admitió todas las pruebas y los remitió a juicio.