Corte Interamericana de Derechos Humanos exige información y resguardo de reos políticos

Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), solicitó al régimen de Nicaragua adoptar de inmediato medidas para “proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal” de la periodista nica- costarricense Lucía Pineda Ubau, y de otros 16 presos, parte de estos excarcelados el pasado lunes.

La directriz del mexicano se giró ayer martes 21 de mayo, como respuesta a una solicitud de medidas provisionales que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la semana anterior, a favor de 17 personas a quienes el dictador Daniel Ortega tuvo en prisión.

El jerarca de la Corte giró la orden al gobierno sandinista y que “evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad”.

A la periodista se le señala de informar, a través del medio de comunicación 100% Noticias, sobre la represión policial aplicada por las autoridades para disolver protestas, así como sobre supuestas torturas, desapariciones y otros procesos arbitrarios llevados a cabo contra los manifestantes.

Cuando la Corte solicitó las cuentas de los encarcelamientos, el régimen descartó liberar a los detenidos bajo el alegato de que la legislación nicaragüense señala que los acusados por asesinato, homicidio, terrorismo, crimen organizado y hechos conexos tienen que permanecer en prisión preventiva.

Ante esa respuesta, Ferrer indicó en su resolución que la prisión preventiva solo tendrá que emplearse para evitar que el acusado evite el proceso penal y evada la justicia, por lo que el crimen endosado no basta para la privación de libertad a una persona.

“Es por esta razón que, aun cuando el Código Procesal Penal de Nicaragua requiera que determinados delitos se deban tramitar con el procesado sujeto a un régimen de prisión preventiva, el Estado está obligado a velar por la garantía del derecho a la libertad personal”, señaló.

En ese sentido, señaló que se tienen que adoptar medidas alternativas a la privación de la libertar de los solicitantes.