42 procesos judiciales de reos políticos suspendidos por dictadura sandinista

Alerta que los derechos humanos y las leyes de Nicaragua se encuentran en un estado caótico

La dictadura sandinista suspendió 42 procesos judiciales donde hay 108 personas cuyos procesos no se les han confirmado, según informa la estadística del registro que lleva la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó el abogado Julio Montenegro, coordinador del área de defensoría legal de esa organización.

“El punto sobre estos casos y el recuento que hemos hecho, es que efectivamente estos (fueron suspendidos) por ser reconocidos por el mismo Estado, como personas acusadas por considerarse que han protestado y que son (procesos) efectivamente políticos”, indicó el doctor Montenegro.

Agregó que los casos suspendidos, fueron tramitados en el Noveno de Juicios, Sexto de Juicios, Tercero de juicios, Segundo de Juicios, Sexto de Audiencia, Quinto de Audiencia, Sala Penal II, y algunas variantes como el Séptimo de Juicios, el Segundo Local, el Cuarto de Ejecución, el Primero de Adolescentes y Sala Penal I.

“Tenemos las dos salas penales de los juzgados de Managua, más los juzgados que se han caracterizado por llevar los casos políticos por la criminalización de las protestas. Los 42 casos suspendidos es solo una parte de la cantidad de procesos, donde la CPDH en este momento lleva cerca de 200 casos”, agregó Montenegro.

Para el abogado defensor, las garantías constitucionales y los derechos humanos no solo han ido en retroceso en Nicaragua, sino que han caído de manera estrepitosa, sobretodo en el último año.

“Si hablamos de los principios en el Código Procesal Penal violentados, es sencillo determinar esto y podemos decir el por qué, si hablamos de normas y garantías especificadas en la Constitución Política de Nicaragua, tampoco se dificulta explicar por qué se han violentado. Pienso que más que retroceder, (los derechos) han caído y de manera sorprendente”, alertó Montenegro.

Indicó que los bienes jurídicos como son la vida, seguridad física, integridad ciudadana, el bien jurídico con el bien público o privado, están degradados en el país. “Definitivamente nos encontramos con una situación, sin ser exagerado, caótica”, dijo Montenegro.